Tras filtración de datos que relacionan a Celso Gamboa con presuntas actividades criminales desde que era Magistrado, Rodrigo Chaves considera que deben separarse órganos del Poder Judicial y cambiar sistema de elección de altos jueces
El presidente Rodrigo Chaves volvió a cuestionar el diseño institucional del Poder Judicial y el mecanismo político con que se eligen las magistraturas. A raíz de las revelaciones desde Estados Unidos sobre el caso del extraditable Celso Gamboa, el mandatario consideró que llegó el momento de transformar ese “mamotreto Frankenstein” que —a su juicio— solo existe en Costa Rica.
“Lo primero que hay que hacer es separar al Poder Judicial, que solo así, en esa mamotretomomía o mamotreto Frankenstein, existe, solo en Costa Rica”, afirmó Chaves. Según él, se deben dividir funciones que en otros países están claras: “Hay que separar la parte constitucional, que todos los países la tienen separada, viviendo en los Estados Unidos. Hay que separar el Organismo de Investigación Judicial, hay que separar al fiscal y hay que separar a los jueces, pero sobre todo prohibirles que se muevan de un lado para otro. Usted fue fiscal o trabajó en la fiscalía, no puede trabajar en la judicatura por 5 o 10 años. San se acabó.”
El presidente ejemplificó con el propio Celso Gamboa:
“Celsito es el magistrado en la historia del país que más votos obtuvo en su nombramiento en la Asamblea Legislativa. Director de la DIS, viceministro de Seguridad, ministro de Seguridad, fiscal… Vean los movimientos: del Ejecutivo, pasando por la Asamblea, hasta la Sala Tercera. 43 votos tuvo Celsito. 43 votos obtuvo, el señor.”
Recordó que en ese momento no existía el voto público:
“Pero había 18 diputados del Partido Liberación Nacional, 13 del PAC, nueve del Frente Amplio, ocho del PUSC, cuatro del Movimiento Libertario y ahí unos partidos con un diputado. Fue unanimidad política. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, hay que cambiar eso.”
El mandatario no está solo en sus observaciones. También desde el ámbito sindical se han hecho llamados para modificar el sistema de elección. Sonia Sandí, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, señaló que los vínculos políticos afectan la independencia del sistema.
“Siempre hemos creído que debe cambiarse la forma de elegir a los magistrados. La Corte no debería tener su cúpula en manos de los políticos, porque eso no es sano. Al ocurrir este tipo de nombramientos que se hacen por la Asamblea Legislativa, no escapa la cúpula del Poder Judicial a la influencia política, a la hora de ser nombrados y a la hora de ser reelegidos los magistrados. Y esto es muy negativo para el Poder Judicial. Eso es lo que hace que personas como este señor Celso, y tal vez algunas otras que han sido cuestionadas, se cuelen en un nombramiento sin ser tal vez la persona idónea.”
En la misma línea se expresó Evelyn Villareal, coordinadora del Informe Estado de la Justicia, quien respaldó que se aproveche el momento actual para impulsar un debate profundo:
“Sí, yo estoy de acuerdo, es un cambio necesario. No es suficiente, es un paso muy importante, pero tiene que ir acompañado de otras medidas. Ojalá que esta coyuntura y estos cuestionamientos en este momento sirvan para poner ese tema de nuevo en la agenda. Porque esto es una deuda que tenemos como democracia. Es uno de los sistemas más deficientes de nuestro quehacer democrático: cómo se eligen las magistraturas. Sobre todo considerando el poder que tienen los magistrados y las magistradas cuando ya están ahí, que son la máxima autoridad no solo jurisdiccional, sino también política. La que hace las políticas judiciales, la que ve el tema de presupuesto, la que ve toda la gestión administrativa, nombra al Consejo Superior, a todos los consejos, a todas las comisiones, nombra al director del OIJ. Bueno, y no nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, realmente es un cuerpo colegiado con mucho poder.”
Para el abogado y criminólogo Rogelio Ramírez, la situación evidencia otra falla grave: la desarticulación del Estado frente al crimen organizado.
“La realidad nuevamente nos golpea y nos enfrenta a que un Estado desarticulado es incapaz de ejercer un combate frontal, eficiente e integral a un crimen que es inherentemente organizado. El crimen organizado no tiene reglas, no responde a leyes, no tiene límites y más bien tiene recursos de toda índole a su disposición, mientras que el Estado se regula, no solo por un marco normativo, sino que también tiene limitaciones presupuestarias. Si a eso sumamos desarticulación y descoordinación entre los entes del Estado —y aún más entre los poderes del Estado—, la guerra está perdida. Empezó perdida.”
Por su parte, el aspirante presidencial Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación, incluso plantea sacar la Sala Constitucional y la Fiscalía fuera del Poder Judicial.