Según información publicada por el medio digital CRHoy, el Ministerio de Hacienda se encuentra tramitando la compra de una póliza al INS por más de 248 millones de colones para responder a procesos penales contra sus jerarcas.
Diferentes sectores salieron a reprochar la reciente decisión del Gobierno de adquirir una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) para responder ante reclamos por responsabilidad civil en procesos penales contra sus jerarcas.
Según información publicada por el medio digital CRHoy, el Ministerio de Hacienda se encuentra tramitando la compra de una póliza al INS por más de 248 millones de colones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La noticia levantó las críticas entre sectores sindicales, diputados de oposición y hasta un criterio de la Contraloría General de la República, también publicitado por ese medio de comunicación.
Ante la consulta de Noticias Columbia, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, manifestó su indignación por el trámite, al que califica como “poco ético y contra la legalidad”.
Vargas agregó que están valorando presentar acciones judiciales al respecto, y cuestionó al INS por la decisión a pocos días de su centenario.
“En la ANEP estamos indignados, estamos consternados, vemos esta decisión de una póliza para proteger las espaldas de los jerarcas del Gobierno y al propio Chaves de las ‘metidas de pata’, de sus flagrantes violaciones a la institucionalidad y de que esas violaciones generen deterioro del patrimonio público y que sea una póliza pagada con dinero de todos los costarricenses lo que respalde cualquier deterioro a la Hacienda Pública nos parece inmoral, nos parece vulgar, nos parece que es poco ético, eso es contra la legalidad, creemos nosotros, y vamos a ver si en próximas horas tenemos las posibilidades jurídicas de entablar algún tipo de acción cautelar para parar esta barbaridad”, mencionó.
Según CRHoy, la Contraloría General de la República señaló que no le corresponde al Ejecutivo contratar ese tipo de pólizas, sino a cada funcionario en su particularidad.
Desde la Asamblea Legislativa, diferentes diputados se han manifestado en contra del anuncio.
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, también considera que el procedimiento es ilegal y que no procede esta cobertura.
“Realmente me parece increíble que puedan llegar a estos extremos de contratar una póliza cuando esto, a todas luces, es para asegurar al presidente y al gabinete de todas sus tortas, errores y demandas que podrían llegar a tener, esto adicionalmente me parece que es ilegal, no corresponde pagar pluses por este tipo de coberturas, porque así como los jueces, los empleados públicos, docentes, también los alcaldes, presidentes ejecutivos, todos, tenemos que asumir la responsabilidad de cualquier error que cometemos y pagar las costas, y así mismo también asegurar que podamos defendernos con nuestros propios recursos, no con el lo que pagan los costarricenses, porque al final de cuentas esta póliza la estamos pagando los costarricenses para defender a quienes cometen errores y se jalan tortas en el Gobierno central”, cuestionó.
El diputado socialcristiano Alejandro Pacheco indicó que esos gastos podrían destinarse a otros rubros, como educación y seguridad.
“Esa póliza que le está pagando el Ministerio de Hacienda al presidente, vicepresidentes y ministros es una alcahuetería para que ustedes hagan lo que quieran sin ninguna responsabilidad”, dijo.
Desde el Frente Amplio, el legislador Antonio Ortega manifestó que se enteraron con asombro de la contratación de la póliza, cuando existen muchas causas abiertas contra integrantes del Gobierno.
“El presidente tiene más de 50 causas penales abiertas, también ministros y vicepresidentes de este Gobierno, en esta alcahuetería de propuesta nunca antes vista, que está cargada de descaro y de responsabilidad, quieren comprometer los recursos públicos para defender al presidente, si alguno de esos casos se eleva a juicio y se declara culpable el INS pagaría lo que se le cobre por los actos de irresponsabilidad y anticonstitucionales, en muchos casos, del presidente y de sus jerarcas, ¿por qué quieren una póliza? ¿Será que saben que sus actuaciones no han sido apegadas a la ley? Por ejemplo, los miembros de las Juntas Directivas de instituciones autónomas tienen que pagar de su propio bolsillo las pólizas de fidelidad, y la misma Ley General de Administración Pública dispone que todo funcionario público es responsable personalmente ante terceros cuando, con dolo o culpa, incurra en delitos que pongan peligro el erario público o pongan en duda el desempeño de sus funciones; es inaceptable que el Estado deba pagar esos procesos penales del presidente y de sus ministros, también consideramos que es ilegal”, indicó.