Batalla, Picado y otros dos detenidos a indagatoria en Goicoechea

Fiscalía investiga presuntas irregularidades en reparación de pista en aeropuerto Daniel Oduber.

La mañana de este martes, agentes judiciales realizaron 22 allanamientos en diferentes partes del país, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la detención del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, el director de Aviación Civil, Marcos Castillo y un funcionario de la CNE de apellido Villalobos.

La investigación es por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y malversación de fondos.

Todos los detenidos serán indagados en los Tribunales de Goicoechea y posteriormente enfrentarán una audiencia de solicitud de medidas cautelares.

En la causa judicial también se investiga a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, al exministro del MOPT, Luis Amador y el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Así lo confirmó el fiscal General de la República, Carlo Díaz.

Varios de los allanamientos se desarrollan en las instalaciones de la CNE, la sede de Aviación Civil y la empresa constructora MECO.

Este caso se relaciona con presuntas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, Guanacaste.

Díaz informó que los hechos se remontan al 2022 cuando ocurrió la tormenta tropical Bonnie.

Mediante un decreto de emergencia, se incluyó la zona del aeropuerto como una de las afectadas por la tormenta. De esta forma se destinaron recursos para realizar la reparación de la pista.

«Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales», dice la Fiscalía.

El Ministerio Público alega que eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A. 

El órgano acusador alega que durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en «presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación».

«Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras», dice el informe de Fiscalía.

«De acuerdo con la FAPTA, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública», agrega.

El director del OIJ, afirmó que la constructora planteó cambios en el plan de la reparación que generaban un «ahorro» de $4 millones. Sin embargo, al final se intervino un tramo menor del previsto y con obras que no correspondían al monto pagado aún con el rebajo.

El abogado Gerardo Chaves, defensor de Mauricio Batalla, afirma que el exministro está tranquilo y considera que no tuvo participación indebida en el caso.

Añadió que el trámite de este asunto se dio cuando Batalla era director de Conavi y no ministro del MOPT.

El abogado detalló que Batalla se siente tranquilo. «Mauricio dice tener participación básicamente en dos reuniones, en las cuales no firma ni toma decisiones determinantes», expresó.

El abogado José Francisco Madrigal, quien representa al presidente de la CNE, dijo que dará declaraciones una vez que pueda conocer el expediente y hablar con Picado.

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