La institución fue allanada el pasado 5 de marzo, luego de una serie de denuncias sobre supuesto maltrato a los pacientes.
22 son las personas fallecidas que reporta el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) desde la intervención en la Fundación Hogar Manos Abiertas.
La Fundación Hogar Manos Abiertas, ubicada en Alajuela y La Unión, trabaja desde 1991 y atiende a menores de edad y adultos mayores declarados en abandono, entre los cuales hay personas con discapacidad y con enfermedades terminales.
Dicha institución fue allanada el pasado 5 de marzo, luego de una serie de denuncias sobre supuesto maltrato a los pacientes. Esto derivó en la investigación de cinco personas por los presuntos delitos de explotación laboral, maltratos físicos y malversación de fondos.
Tras la intervención, instituciones del Estado como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumieron la atención médica y la administración de las instalaciones.
Frente a los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, la directora ejecutiva de CONAPDIS, Bilbia González, se refirió a las principales acciones que ha ejecutado la institución sobre los pacientes de la Fundación Manos Abiertas.
González señaló que el CONAPDIS, como institución rectora de la discapacidad en el país, promovió una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de homicidio calificado en abril anterior.
Asimismo, se trasladaron a ciertos pacientes a residencias privadas en el área central y en la Región Caribe.
Cuestionamientos de diputados
Tras la participación de la directora ejecutiva de CONAPDIS en la Comisión Legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor, los cuestionamientos de los diputados no se hicieron esperar.
El por qué del traslado de las personas con discapacidad que estaban en la Fundación, el “secretismo” de la información, entre otros, fueron parte de las preguntas de los legisladores.
La presidenta de la Comisión, Katherine Moreira, indicó que algunos funcionarios han dicho que no pueden brindar información por órdenes de la directora ejecutiva de CONAPDIS.
Luego de presentar algunos videos donde supuestos pacientes piden ayuda para mantenerse en la Fundación, Moreira cuestionó el proceder de la entidad rectora en discapacidad.
“Me pregunto si ustedes consideraron las condiciones de salud en las personas cuando las iban a hacer trasladadas, porque tengo entendido que se fueron en carros de CONAPDIS, tengo entendido que no se les llevaron los medicamentos, y yo le pregunto doña Bilbia, usted en su puesto con la Junta Directiva del CONAPDIS, ¿se pusieron la mano en el corazón realmente para poder realizar todo el accionar que han venido haciendo?”, cuestionó.
El frenteamplista Ariel Robles manifestó sus dudas con respecto a si se procuró la protección de las personas con discapacidad involucradas en el caso.
“Este proceso que se tenía que hacer, la lucha en contra de la corrupción, de las irregularidades, de todo lo que había ahí tenía que hacerse, pero siempre prevaleciendo por encima de cualquier cosa la vida de las personas, yo tengo la lectura hasta el momento de que eso no fue así, creo que puede ser que el proceso judicial fuese avanzado y que pusieron contra la pared a CONAPDIS, pero CONAPDIS no debió actuar de la forma que actuó”, externó.
Por su parte, la liberacionista Monserrat Ruiz, quien preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, puso sobre la mesa que darle calidad y prioridad a la población con discapacidad no es tan sencillo para el Estado.
Por ello, lamentó que no se pensara en el bienestar de las personas con discapacidad durante el allanamiento.
“Aquí anteponen un tema nuevamente fiscal, nuevamente financiero -que no estoy juzgando que se tuviese que dar- a la vida de las personas, cuando ustedes llegan a este allanamiento ¿qué les dicen los colaboradores? ¿Los colaboradores en ese momento no les indican a ustedes qué eran los medicamentos de esas personas que no se podían trasladar?”, consultó Ruiz.
“No, los cuidadores en realidad prácticamente lo que hacen es aglomerarse en distintas áreas del inmueble, que es un inmueble grande, tal vez el nerviosismo propio de esos eventos, pero además el nerviosismo propio de ir obteniendo hallazgos de riesgo, como bien usted lo ha indicado, en un sistema de cuidados que no está arraigado”, respondió la directora de CONAPDIS.
Peticiones de la población con discapacidad
Ya a finales de mayo, en conversación con Noticias Columbia, la presidenta de la Asociación Síndrome de Down Costa Rica (Asidown), Rosette Kleiman, lamentó que desde la intervención judicial 21 personas han perdido la vida en ese hogar.
Por ello, pidió investigar las razones de esos fallecimientos pues asegura que no se había visto la situación de tal magnitud hasta esta intervención.
El mismo llamado lo hizo la activista en derechos humanos, Nicole Mesén, quien recordó que, en su momento, la directora ejecutiva del CONAPDIS señaló que cuando ingresaron estas personas se encontraban estables, por lo que hubo incertidumbre del por qué han fallecido más personas.
Por ello, pidió al Estado que vuelva su mirada hacia la población con discapacidad que mantiene en su cuidado para evitar que los fallecimientos continúen.