Observe aquí la entrevista completa sobre presuntas irregularidades en las que habrían intervenido funcionarios públicos y terceros privados.
En entrevista con Noticias Columbia, el coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández, se refirió a la investigación que se realiza por «presunta complicidad de intereses económicos en la creación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca» con la finalidad de otorgar permisos de construcción dentro de la zona restringida.
La tesis de la Fiscalía es que funcionarios públicos, en alianza con terceros privados, ejecutaron una serie de irregularidades, para que una cantidad considerable de hectáreas, ubicadas al límite del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, pasaran de la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a la administración Municipal.
Esto se habría hecho «como si se tratase de Zona Marítimo Terrestre común o desprovista de importantes recursos naturales como lo son los que hay allí», expresó.
La investigación motivó la realización de 26 allanamientos este martes con el fin de recopilar pruebas y detener a una persona.
El fiscal se refirió al caso como “criminalidad verde” pues necesita del aporte de profesionales en distintas materias como Biología, Ingeniería Forestal, Geografía y Derecho.
«Lo que se está investigando es que toda esta gama de profesionales en Ciencias Ambientales, de alguna manera, se articulan con este plan de sustraer del Refugio estas tierras, algunas de ellas Zona Marítimo Terrestre, otras fuera… sustraerlas e incorporarlas a la administración municipal para poder cobrar cánones, otorgar concesiones, desarrollarlas turísticamente con toda la infraestructura que eso implica pero que es incompatible con los recursos naturales que ya de por sí contenía el refugio», resaltó.
Añadió que, como parte de los trámites presuntamente irregulares, se requirió el aporte de informes y estudios de cobertura o superficie del suelo falsos.
El fiscal Hernández asegura que la zona cercana al refugio Gandoca-Manzanillo tiene muchos años de ser objeto de vulneraciones y que el plan regulador que se ha diseñado sería una más de ellas.
Observe aquí la entrevista completa:
«Se escogieron playas de un valor paisajístico increíble (…) y las hacen coincidir con terrenos que también fueron sustraídos en los años 90, el Inder los traspasa a particulares y hoy día están en manos, no de campesinos, no de agricultores, si no de inversionistas, familias poderosas», expresó.
El fiscal resaltó que, afortunadamente, este plan regulador no se ha concretado y enfrenta cuestionamientos de sociedad civil y la población indígena. Por eso, es analizado por la Constitucional.
«Desafortunadamente en el campo, todos los días, con ayuda de permisos flexibles que da el Sinac de la zona, se cambia el uso de suelo se cambia el uso de suelo, se desaparecen bosques, se drenan humedales, abren caminos hacia la playa», añadió.
Hernández habló que, de concretarse las pretensiones del grupo investigado, se estaría ante una situación que calificó como un “ecocidio”, es decir, la ejecución de acciones a sabiendas de que causarían daños de gran magnitud al ambiente.
El representante del Ministerio Público explicó que este caso es diferente al que se dio a conocer en julio en el cual se investigan supuestas irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal. Ambos se desarrollan en Talamanca.
Se cree que, de esa manera, «se buscaba cambiar el uso de suelo en las área de bosque y humedales, con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística».
El 20 de agosto, los agentes judiciales y representantes del Ministerio Público allanaron oficinas de la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda (INVU), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la Oficina Regional Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), el Centro Operativo Manzanillo, Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, la Dirección General de SINAC y el Centro Informativo Puerto Vargas del Parque Nacional Cahuita, entre otras.
También hubo allanamientos en 12 casas de habitación y dos empresas consultoras.