Legisladores de distintas fracciones reaccionaron a la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.
Diputados de diferentes fracciones legislativas reaccionaron a la solicitud que les realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
De acuerdo con el protocolo a seguir para estos casos, corresponde a la Asamblea Legislativa definir si quita el fuero o no a los miembros de los supremos poderes, como el caso del mandatario.
Las opiniones estuvieron divididas según las primeras interpretaciones de los legisladores, eso sí, solicitan tener más información del caso.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Mendoza, quien presentó una de las denuncias, recordó un momento en el cual el presidente pudo haber incurrido en una aparente beligerancia política.
«El día 25 de julio de este año, en el parque de Nicoya y en el marco de la celebración del 201 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el señor Rodrigo Chaves Robles, en su condición de presidente de la República, emitió durante un acto de carácter público manifestaciones solapadas de carácter proselitista, lo cual le está vedado por el marco normativo electoral. El mandatario hizo un llamado a que en las próximas elecciones le dieran 40 diputados.
En ese mismo acto público estuvo en tarima y bajo la misma vitrina la legisladora Pilar Cisneros Gallo, quien también manifestó a los presentes la necesidad de tener 40 diputados o más en la próxima Asamblea Legislativa, incurriendo en un solapado acto proselitista. Recordar que, el 12 de julio, la diputada Cisneros anunció que el Partido Pueblo Soberano sería el vehículo electoral que daría continuidad al actual gobierno en las elecciones del 2026″, afirmó el verdiblanco.
En la misma línea se refirió la diputada independiente, Johana Obando, quien también había presentado una denuncia por beligerancia contra el mandatario.
Obando insistió en que esto no se trata de una persecución política.
«Hemos hablado mucho de la defensa de la democracia. El momento de actuar es ahora. Hay que respaldar al Tribunal Supremo de Elecciones como garante de la integridad de nuestra democracia. Costarricenses, no caigamos en la desinformación que va a empezar a salir de Casa Presidencial. Esto no es una persecución política, no es una intervención del tribunal en las elecciones ni es un intento de afectar a una opción política más. El tribunal ha cumplido al pie de la letra lo que el artículo 270 del Código Electoral le indica. Ya valoró la admisibilidad de las denuncias por beligerancia política que enfrenta el mandatario y ya ordenó a la inspección electoral una investigación preliminar.
Ahora, el tribunal trasladó esa denuncia a la Asamblea Legislativa para que se realice el proceso del levantamiento de la inmunidad. Este proceso lo vamos a enfrentar con la responsabilidad que merece. No es cierto que hay persecución política, no es cierto que el tribunal está faltando a su deber. El TSE es el muro de contención que protege nuestra democracia y nuestro deber, costarricenses, es protegerlo», indicó Obando.
Por su parte, la legisladora del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, calificó de ‘oportuno’ el proceder del TSE con relación a dicha solicitud.
«Nos parece que es muy importante entender que la beligerancia tiene que ver con utilizar fondos públicos que nos pertenecen a todos los y las costarricenses para beneficiar una causa particular, en este caso, una causa partidaria. Esperamos también que la Asamblea Legislativa pueda estudiar la causa, el expediente y dar un voto con razones sobre la causa y que no se vuelva a votar por afinidad, por simpatía o por cálculo electoral, como sucedió recientemente con la inmunidad en el caso anterior», destacó la frenteamplista.
El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, recordó que, en caso de que el TSE sancione al mandatario, este ya no podría ejercer cargos públicos por al menos dos años.
«Con, obviamente, el anuncio de Laura Fernández de querer continuarle la inmunidad al presidente nombrándolo como ministro, pues obviamente si hay una imposibilidad de que lo pueda nombrar, el presidente quedaría absolutamente responsable para actuar ante los tribunales de justicia y ante el Tribunal Supremo de Elecciones para ejercer su derecho de defensa en los casos judiciales y en los casos ante el tribunal que se han planteado. Así es que ya veremos. Lo que sí es cierto es que si el tribunal emite la resolución para la imposibilidad de que pueda ejercer cargos públicos, pues esa supuesta continuidad de la cual habla Laura Fernández ya no existirá», mencionó el liberal.
Según el jefe de la bancada socialcristiana, Alejandro Pacheco, es necesario conocer más del caso antes de tomar una decisión sobre apoyar o no el levantamiento de la inmunidad del presidente.
«Son más de 60 denuncias penales las que tiene el señor presidente de la República. En esta ocasión, es el TSE. No es el fiscal, no es la Corte Suprema de Justicia, no es persecución por parte de los tribunales de justicia, sino que ahora es el TSE que está solicitando el levantamiento de la inmunidad por causas que están presentadas ante ese tribunal. Esperaremos a que llegue la denuncia a la Asamblea Legislativa y tendremos que darle el procedimiento normal que se le ha dado, como se dio en el caso anterior, que se constituye una comisión y luego esa comisión pasa a Plenario legislativo y después del análisis tomaremos la decisión que haya que tomar», aseguró Pacheco.
El diputado de Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, señaló que requieren más detalles sobre el proceso levantado por el TSE.
Además, adelantó que no tomarán decisiones basadas en ningún revanchismo político.
«Evidentemente, queremos esperar el proceso que se tiene que dar para llegar a una decisión final, pero tal y como lo hicimos en el caso anterior, lo haremos en este. Analizaremos con detalle las circunstancias, analizaremos con detalle la acusación o las denuncias que hay contra el señor presidente y tomaremos una decisión basada en un análisis reposado, en un análisis crítico, en un análisis exhaustivo y no basado en revanchismo político, como sé que hacen otras fracciones. En Nueva República lo haremos de esa forma y la promesa a los costarricenses es que seremos bien detallados en el análisis y por supuesto tomaremos la decisión que sea mejor para el país», dijo Alvarado.
Finalmente, el diputado oficialista, Daniel Vargas, aseguró que esta solicitud del TSE es con la intención de sancionar al mandatario.
Vargas añadió que quienes han presentado las denuncias han sido rivales del Gobierno.
«Una vez más, la red de cuido de los de siempre tratando de traerse abajo el gobierno de don Rodrigo Chaves y, en particular, de librarlo a él de su fuero de inmunidad. Ya lo intentaron una vez a través de la Corte Suprema de Justicia y esta asamblea le dijo «no.» Con 34 votos a favor, sí, de gente que está relacionada con estos grupos de poder y con con 21 votos en contra. Hoy, nuevamente, pero a través del TSE, acusando al presidente de beligerancia política y tratando de llevarlo a sus instancias para efectos de juzgarlo y probablemente sancionarlo, que es lo que quieren.
Estas acciones presentadas al tribunal, hay que decirlo, vienen de Liberación Nacional a través de don Ricardo Sancho, que es el presidente del partido. También hay una acusación de parte del presidente y vicepresidente del PAC. También, don Antonio Ortega, del Frente Amplio, está participando en este concurso de quién acusa más, hay que decirlo también. Don Claudio Alpízar, un enemigo confeso del presidente Rodrigo Chaves Robles, buscando un protagonismo que no tiene. Doña Johana Obando, diputada de acá, que también recurrentemente adversa al señor Rodrigo Chaves Robles y don Luis Fernando Mendoza, mi compañero de Guanacaste, que no le gusta probablemente la actuación del presidente y finalmente se suma a la lista de acusaciones presentadas en ante el TSE», manifestó el oficialista.