Mandatario figura en una causa judicial por presunto uso irregular de fondos provenientes del BCIE. Al inicio de su intervención mostró un video con su descargo en el cual se desliga de cualquier hecho ilícito.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se encuentra este viernes en la Asamblea Legislativa en una audiencia ante la Comisión que estudia el levantamiento de su inmunidad tras ser acusado por la Fiscalía General de la República en un caso de presunto uso irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Ministerio Público atribuye a Chaves el presunto delito de concusión que sanciona “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La tesis de la Fiscalía General es que se adjudicaron servicios a la productora audiovisual del empresario Christian Bulgarelli con un contrato a la medida y que posteriormente, del dinero recibido, se destinó una parte para un amigo y asesor de Chaves de apellido Cruz y conocido como «Choreco».
Al ser un integrante de los Supremos Poderes, el presidente tiene inmunidad, es decir, una protección que obliga a realizar trámites especiales en caso de que enfrente procesos penales.
El Fiscal general, Carlo Díaz, presentó una acusación con la solicitud de que se levante el fuero del mandatario. El documento fue analizado por la Corte Plena donde los magistrados, por mayoría, acordaron trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa donde se resolverá si se mantiene o no la inmunidad.
La Comisión Legislativa está conformada por las diputadas Rocío Alfaro del Frente Amplio y Andrea Álvarez de Liberación Nacional y el diputado Daniel Vargas, del oficialismo.
El presidente Chaves fue el primero en intervenir. Al inicio presentó un video en el cual presentó parte de su descargo y se desligó de cualquier anomalía en el trámite del dinero del BCIE.
Posteriormente, el mandatario hizo uso de la palabra y afirmó que el caso se trata de un «montaje político» gestado por Díaz y de la Sala III de la Corte. «Pensaron que así iban a doblegar al Gobierno y que me callarían», expresó.
Tras esa intervención, tomó la palabra el abogado José Miguel Villalobos, defensor del presidente de la República.