La Sala Constitucional comunicó que el proyecto de reforma a la Constitución Política no tiene vicios.
La Sala Constitucional dio luz verde a la extradición de nacionales: ¿qué sigue ahora?
La bancada de Gobierno promovió un proyecto de reforma al artículo 32 constitucional (exp. 23.701), con el fin de permitir la extradición de nacionales, es decir, el traslado de costarricenses a tribunales de otros países cuando se cometan delitos relacionados con narcotráfico, crimen organizado o terrorismo.
Tras la aprobación de su admisibilidad el pasado 22 de mayo, los diputados instalaron una Comisión especial para su estudio, en la que se recibió a juristas con diferentes posiciones. El 8 de julio se aprobó el texto en esa Comisión.
Así el proyecto de reforma constitucional fue aprobado en primer debate el pasado lunes 5 de agosto, con el voto positivo de 39 diputados y sin ninguna oposición.
El proyecto fue enviado a la Sala Constitucional, que tenía un mes para emitir su criterio. Este miércoles, el Tribunal comunicó que el proyecto no tiene vicios de constitucionalidad, según amplió el magistrado instructor, Paul Rueda.
“La reforma propuesta versa sobre el terrorismo y el tráfico internacional de drogas como excepciones al precepto 32 de la Constitución Política, tal posibilidad se ve respaldada por varios tratados internacionales ya suscritos por Costa Rica que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra tales flagelos de la sociedad; de esta forma, la Sala concluye que la reforma propuesta equilibra los derechos del ciudadano con el interés actual de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo, en la medida que condiciona la extradición a que sea concedida en tales casos en concreto, y solo por los tribunales de justicia con estricto apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”, expresó.
Reacciones dentro del Congreso
La resolución constitucional fue bien recibida dentro de la Asamblea Legislativa.
El jefe de fracción de Liberación Nacional y presidente de la Comisión Especial, Oscar Izquierdo, aseguró que esto da un impulso al proyecto, que fue un trabajo conjunto entre las bancadas legislativas.
“Esta reforma se hace en estricto apego a las leyes y acorde a los tribunales de nuestro país, una razón más para seguir creyendo en la institucionalidad y en los tribunales costarricenses, vamos en camino firme y decidido a la lucha contra el tráfico internacional de drogas y por eso vamos a apoyar la extradición de todas las personas indeseables en este país, que vengan a hacer fechorías desde el punto de vista del tráfico internacional de drogas o del terrorismo”, indicó.
A pesar de estar fuera de sus labores por motivos de salud, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, celebró el nuevo avance.
“Estoy muy complacido con el voto de la Sala Constitucional que avala la reforma a nuestra Constitución Política para extraditar nacionales requeridos por narcotráfico o terrorismo. Es un gran avance en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país y una muestra del compromiso de esta Asamblea Legislativa para combatir la inseguridad ciudadana”, dijo a través de un mensaje de texto.
Por su parte, el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, dijo estar contento con la decisión. Sin embargo, espera que la reforma tenga un mayor alcance en cuanto a delitos.
“Desde el principio hemos estado de acuerdo con esta reforma constitucional, debo decir, eso sí, que en el caso de Nueva República hubiéramos querido que se ampliara a otros delitos que también tienen que ver con delincuencia organizada, por ejemplo, la trata de personas y particularmente la trata de personas menores de edad, sin embargo, igual nos satisface poder avanzar en la dirección de que haya extradición para acusados por terrorismo y por narcotráfico, de manera que con la resolución de los magistrados también se confirma que esta reforma de alguna manera concuerda con tratados internacionales a los que está adscrito Costa Rica; por supuesto tendrá todos los votos de Nueva República para que sea una realidad lo más pronto posible”, externó.
Celebran en el Gobierno
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, también celebró el criterio de la Sala, que permitirá que la reforma constitucional siga avanzando.
“Importante este avance país y esperamos que la próxima legislatura ratifique lo que hoy ha definido la Asamblea Legislativa para que así se dé una reforma a nivel constitucional que nos permita contar con esta valiosa herramienta jurídica en contra de los narcotraficantes que se asientan en nuestro país y obtienen la nacionalidad, que hasta hoy les ha servido como un escudo jurídico para no enfrentar a las causas de narcotráfico que se les llevan en terceros países, principalmente en Estados Unidos; este proyecto tiene un gran sentido, porque la primera vez que se planteó en el país fue cuando lo hicimos hace ya más de 10 años, la actual situación país hizo necesaria nuevamente su replanteamiento y por eso hemos estado apoyándolo”, expresó.
Camino por delante
La posibilidad de extraditar nacionales aún tiene un largo camino por recorrer, pues al ser una reforma constitucional, su trámite es más complejo que el de la aprobación de una ley.
La reforma de extradición ya cumplió con algunas etapas: la presentación por 10 diputados, la lectura en 3 ocasiones, la admisión, la discusión en Comisión Especial, la aprobación en primer debate y el criterio positivo de la Sala Constitucional.
Según el constitucionalista Marvin Carvajal, el proyecto ahora debe ser votado en segundo debate por la Asamblea Legislativa, con 38 diputados a favor.
Posteriormente será enviado al Poder Ejecutivo, el cual, cuando presente su discurso en mayo ante el Congreso, deberá devolver el proyecto con sus observaciones y sus comentarios.
Así, el proyecto será sometido a tres nuevos debates, donde deberá aprobarse con 38 votos. Luego será publicado en el Diario Oficial La Gaceta para convertirse formalmente en una reforma constitucional.