El freno busca evitar daños irreversibles y permitir la revisión de varios recursos acumulados, según destacó la Sala Constitucional.
Luego de la suspensión, vía medida cautelar, de la Sala Constitucional a la subasta de frecuencias de radio y televisión, ¿Qué sigue en el proceso? ¿Se da por concluido el proceso de concesión?
Estas y otras preguntas han surgido en las últimas horas.
Para responderlas, en Noticias Columbia conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal, quien explicó, en primer lugar, que es necesario tener en cuenta que la Sala suspendió de manera temporal la subasta, es decir, no es una medida definitiva.
Carvajal afirmó que la intención es no generar un daño mayor a los participantes y usuarios en su derecho a recibir información en un formato abierto y gratuito.
«Esta potestad de suspender los efectos del acto impugnado es normal en los recursos de amparo. En la mayoría de las veces, la Sala suspende los efectos del acto impugnado y obviamente; a pesar de que en este caso es una situación probablemente muy mediatizada, donde hay muy fuertes intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales relacionados con este tema, la Sala resuelve lo que normalmente resuelve en estos casos, que es suspender para que dé tiempo de tramitar los amparos acumulados y que cuando se tome una decisión no se haya consumado ya un daño que pueda ser evitado a través de una medida cautelar, como la que en este caso se determinó», detalló Carvajal.
Entonces, ¿Cuánto tiempo tiene la Sala Constitucional para resolver? ¿Se retrasará la continuidad del proceso de concesión?
Para el abogado experto en materia constitucional, el siguiente paso es que las autoridades recurridas, es decir, la SUTEL y el MICITT, en un plazo no mayor a tres días hábiles, presenten un informe ante la Sala con sus respectivas pruebas.
Por el tipo de recurso que deberá analizarse, Carvajal mencionó que no es presumible que se defina en pocas semanas.
«Con todos estos elementos, la Sala Constitucional podrá determinar si es necesario recabar más información, pedirle alguna información o algún informe a alguna otra institución o entrar a conocer del asunto. Sin embargo, no hay un plazo establecido para ello en la ley y los plazos de la Sala Constitucional en estos casos son muy variables. En ocasiones, la Sala resuelve en unas pocas semanas los recursos de amparo, principalmente en temas de menor complejidad o donde haya ciertos valores de por medio que corren un gran riesgo, por ejemplo, el derecho a la vida o la salud; pero en ocasiones la complejidad del asunto lleva a que la Sala se demore varios meses en resolverlo», amplió el experto.
¿Qué otros recursos existen para detener el avance de la subasta?
Además de algunos recursos de amparo ante la Sala Constitucional, hay también procesos presentados ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El abogado experto en regulación de telecomunicaciones, Juan Manuel Campos, explicó que los dos tipos de denuncias tendrían diferentes consecuencias, en caso de ser declarados con lugar.
«Para diferenciar, el tema de la Sala está circunscrito a la licitación. Si eventualmente se declara inconstitucional el proceso, el Ejecutivo tendría que volver a armar un proceso licitatorio dándole instrucción a la Sutel, la Sutel armar un cartel de licitación y volverlo a sacar con el riesgo que, eventualmente, si tiene problemas de constitucionalidad, puede ser atacado o bien objetado en Contraloría. Estamos hablando ya de plazos que superan probablemente el año entrante. Por el otro lado, si se declararan sin lugar los recursos de amparo, podría continuar la licitación al momento en que se dicte esa sentencia. Ahora, en el otro lado, los que están en el Tribunal Contencioso Administrativo, ahí sí ya el asunto es de fondo porque los concesionarios sí están pidiendo continuar con la operación de las estaciones y si la medida cautelar se otorga, prácticamente hace inviable la licitación», mencionó Campos.
La subasta inició el pasado 25 de setiembre, luego de meses de análisis por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con base en solicitudes del Poder Ejecutivo.
Ese día, el presidente de Sutel, Federico Chacón, aseguró que era el primer procedimiento concursal de este tipo en el país.
Chacón también afirmó que los requisitos presentados en el cartel buscaban facilitar el concurso por parte de los interesados; no obstante, la participación fue baja, con únicamente 25 ofertas para frecuencias.
«La subasta tiene el objetivo que la radio y la televisión alcancen la mayor parte del territorio nacional y que más televidentes y radioescuchas de zonas rurales disfruten de estos servicios. El concurso busca asegurar la continuidad y brindar la plena seguridad jurídica a los futuros concesionarios a favor de la libertad de pensamiento, de expresión y la libre información. El procedimiento concursal ha sido diseñado con amplia rigurosidad técnica y acatando los objetivos de política pública planteados por el Poder Ejecutivo. Hemos buscado la simplicidad en el procedimiento como sus requisitos para facilitar la participación de los interesados. El proceso permitirá optar por concesiones nacionales o regionales, así como esquemas de pago y cronograma de despliegue en las redes que favorezcan la participación y maximicen la cobertura a favor de todos los televidentes y radioescuchas», había dicho el jerarca de Sutel.
¿Si avanza el proceso de subasta, pagarán los dueños de las frecuencias más por el uso de las mismas?
Este tema ha generado confusión; sin embargo, el canon para el uso del espectro no varía con la asignación de las concesiones, ya que ese tema debe ser discutido en la Asamblea Legislativa.
Incluso, en abril de este año, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, amenazó con un ‘posible apagón’ de las frecuencias en setiembre, en caso de que los diputados no legislarán en dicha materia.
«Nosotros ya lo hemos dicho, si se apagan las señales de las antenas de televisión y en radio, sería porque la Comisión de Ingreso y Gasto no le ha dado la gana moverse para no afectar al señor del ‘trencito’. No las vamos a extender, tienen hasta septiembre para enseñarle al pueblo de Costa Rica a dónde están sus corazones, sus billeteras y sus intereses políticos. Así de fácil. Y si se apagan, ya nosotros las hemos extendido para darles tiempo», manifestó Chaves.
No obstante, desde el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) han sido claros en que no pueden haber cambios en las concesiones de las frecuencias mientras siga abierto el proceso electoral, es decir, hasta que sean juramentadas las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, en mayo del 2026.
Así lo había afirmado el vocero del TSE, Gustavo Román.
«Con esta decisión, el Tribunal Supremo de Elecciones protege el acceso a la información político-electoral de la ciudadanía, cuyo derecho al sufragio implica contar con un amplio abanico de opciones informativas respecto a la oferta político-partidaria por la que pueden ir a votar las y los costarricenses», aseguró Román.