Proyecto fue aprobado en segundo debate, este martes. Legisladores resaltaron que esto no es un regalo, sino un reconocimiento de los derechos de los exmuelleros limonenses.
Luego de más de 25 años de espera, un grupo de exmuelleros de Limón finalmente celebraron la aprobación de un proyecto de ley que busca retribuirles la indemnización laboral que se les debe desde 1995.
La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo, fue votada positivamente por la Asamblea Legislativa en segundo debate, este martes.
De esta manera, el texto queda a la espera de su firma por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se pueda dar inicio con los pagos correspondientes a cada uno de los exmuelleros limonenses.
La diputada del Partido Nueva República (PNR), Rosalía Brown, quien representa a esta provincia, se mostró complacida con la aprobación de esta iniciativa.
Brown afirmó que este no es un regalo para los exmuelleros, sino el pago de una deuda de muchos años.
«Este proyecto de ley representa mucho más que un simple acto legislativo, este proyecto es un símbolo de justicia para los exestibadores, quienes durante décadas realizaron una labor vital para el desarrollo económico social de nuestra nación. El desarrollo no solo fue para Limón, es para todo Costa Rica. Estos hombres y mujeres que trabajaron, bajo condiciones muchas veces adversas, hicieron posible el comercio, la prosperidad en nuestra región, en nuestro país. Hoy, con la aprobación de esta ley, estamos reconociendo su contribución y estamos dando el primer paso hacia la reparación de esa deuda histórica. Esta compensación no es un regalo, sino es un derecho que les corresponde, un acto de justicia social que busca devolverle la dignidad a muchos», destacó la neorepublicana.
Por su parte, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, lamentó que los exmuelleros tuvieran que luchar tantos años para recibir sus derechos.
«A veces, buscamos aquellos problemas o aquellas situaciones donde no existen dificultades, porque si ha existido una tristeza es que estos señores muelleros, hace 25 años, cuando se da la apertura de muelles, se despiden de cada una de esas organizaciones sin pensar en las familias, en los hijos, en la alimentación y es con recursos de amparo y con una serie de gestiones, que muy valientemente han luchado por sus derechos, porque aquí no se está regalando nada, aquí están luchando por los derechos que sí, irresponsablemente, en algún momento no se les ha dado y no se les cumplió», mencionó el verdiblanco.
En la misma línea se refirió la legisladora oficialista, Pilar Cisneros, quien celebró la aprobación de esta propuesta y agradeció el trabajo de la comisión legislativa que discutió el proyecto.
«Sí, se puede hacer justicia. Sí, se puede pagar de una vez una deuda histórica con un grupo de trabajadores que nunca encontraron oídos que los escuchen y que ya habían perdido toda la esperanza. Hace como un año, nos reunimos con un grupo grande en el Parque Nacional y yo sentí miedo, sinceramente se los digo, de prometerles que íbamos a trabajar por este proyecto de ley, porque obviamente en este mundo de la política nunca se sabe el resultado final. Cuando dice Carlos Felipe (García) que son zonas olvidadas, Guanacaste Puntarenas y Limón, yo quiero decirles, con absoluta certeza, que eran zonas olvidadas, no más. Me consta porque he acompañado al presidente de la República a las giras, que no son giras de promesas, son giras de obras, son giras de inauguraciones. No es ‘lo voy a hacer’, es ‘ya lo hice y aquí está'», aseguró la oficialista.
Finalmente, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, afirmó que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa cumplirle las demandas a los costarricenses.
«Cuando terminen estos cuatro años de gestión constitucional, lo que debe quedar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, es que estas personas en Limón encontraron justicia con esta Asamblea Legislativa. Estas personas que están hoy vitoreando un logro de más de 20 años, lo que están haciendo es demostrando que hay mucho en nuestro país por cambiar, que hay mucho en nuestro país por transformar y que la justicia debe llegar pronto y cumplidamente para que la gente deje de sufrir», manifestó Campos.
Contexto de la situación
El caso se remonta a octubre de 1995, durante la administración Figueres Olsen, cuando se intervinieron las empresas de estiba, cuyos trabajadores se encargaban de cargar y descargar las embarcaciones que llegaban a los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA).
La intervención se hizo con el fin de iniciar un proceso de privatización, lo que llevó a muchos trabajadores a quedarse sin empleo.
En 1999 entró a regir la Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles (Ley 7955), cuya intención era compensar a los trabajadores despedidos.
Así fue hasta el 2000, cuando la Contraloría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad, declarada parcialmente con lugar por la Sala Constitucional.
Desde entonces, no se ha reconocido el pago a los ex trabajadores, lo cual corregiría el proyecto aprobado en segundo debate por los diputados, este martes.