Autoridades se justifican en “objetividad” de externos, lo que causó cuestionamientos entre los diputados.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) está considerando contratar una empresa externa que se encargue de ubicar y delimitar el área boscosa en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Así se dio a conocer este martes durante la audiencia del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, en la Comisión Legislativa de Ambiente, a propósito de la investigación que lleva este órgano en torno a las presuntas irregularidades con permisos de tala y de construcción otorgados en perjuicio del Refugio (exp. 24.514).
El jerarca sí se presentó este 21 de enero, luego de ausentarse la semana anterior por participar en una actividad internacional, y en su lugar enviar al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, situación que causó la molestia de los legisladores por la falta de comunicación e incluso provocó la aprobación de una moción para utilizar la Fuerza Pública en caso de ser necesario.
La contratación externa
La situación se relaciona con una Ley del 2014 que otorgó a terceras personas 188 hectáreas con cobertura boscosa, y que fue declarada inconstitucional en el 2019 por la Sala Constitucional, mediante el voto 12745-2019 del 10 de julio.
A criterio de la Sala, el área es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y, por ende, patrimonio del Estado. Debido a esto, le ordenó al MINAE delimitar la cobertura boscosa, mandato que aún no se cumple.
En audiencia ante los diputados este martes, el viceministro Jorge Mario Rodríguez manifestó que el MINAE cumplirá lo dispuesto por la Sala, pero a través de una empresa externa.
“Procedimos a analizar cuál era el contexto, cuál era la situación esta que tiene que ver con la 188 hectáreas y consideramos prudente elaborar unos términos de referencia para que una persona o una empresa externa a nosotros, pero siempre coordinado con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, fuera al campo para realizar efectivamente esa tarea que nos asigna la sentencia de la Sala Cuarta, entonces lo que nosotros pretendemos es que una persona o una empresa externa objetiva vaya al campo, visualice cuál es la cobertura boscosa que se encuentra en esas 188 hectáreas, que analice si efectivamente esa cobertura boscosa cumple con lo que es bosque, porque no necesariamente es lo mismo cobertura boscosa que bosque”, explicó.
Las declaraciones del viceministro causaron cuestionamientos entre los diputados, sobre todo por el término “objetivo” que utilizó el jerarca para justificar una eventual contratación externa.
Una de ellas fue la legisladora independiente Kattia Cambronero. “¿Es necesario una empresa externa para poder hacer eso? ¿Técnicamente el MINAE no tiene la capacidad para hacerlo? Es que me sorprendió francamente”, dijo.
Luego de consultar al procurador general Ivan Vicenti, Cambronero alegó que es obligación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) hacer el informe, por lo que se está evadiendo la responsabilidad desde el MINAE.
El tema de la objetividad también fue motivo de consulta para la liberacionista Alejandra Larios.
“Es que me llama la atención que ante la pregunta de la diputada Cambronero el señor viceministro dice que contrataría a una empresa externa para que sea objetiva, o sea, ¿el SINAC no es objetivo? Me sigue quedando la duda y me inquieta que se diga que el SINAC no es objetivo, además, se contrataría una empresa externa el mismo MINAE, entonces estaríamos dando vueltas sobre lo mismo”, alegó.
Finalmente, el frenteamplista Ariel Robles calificó como “ilógico” dejar a criterio de una empresa privada una gestión que debe hacer una institución pública.
“¿Dónde le ve usted la lógica de eso? De ir a contratar empresas para definir patrimonio natural del Estado, empresa privada diciéndole al Estado cuál es el patrimonio natural, don Franz, ¿usted va a incurrir en una inversión del Estado nuevamente sobre todo esto para no solucionar el problema solo para proteger a gente como Allan Pacheco Dent?”, cuestionó.
Las respuestas de los jerarcas del MINAE giraron en torno a que la Sala Constitucional les ordenó crear un nuevo informe, pese a que ya existe uno del año 2021, y que les parece que, por lo controversial que ha sido el tema, es mejor que sea un externo quien determine el área boscosa.
Convención RAMSAR
A propósito del tema, el diputado frenteamplista Ariel Robles elevó a la Convención RAMSAR (Convención sobre los Humedales) una denuncia formal contra el Estado por la no protección del humedal en el refugio Gandoca Manzanillo.