Por este motivo, el ministro a.i. de Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, deberá rendir explicaciones.
El ministro a.i. de Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, deberá rendir explicaciones sobre el manejo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y su presunto uso contra diputados.
La decisión de los legisladores vino tras el intercambio entre el oficialista Manuel Morales y el exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Hans Sequeira, la semana anterior en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
En ese espacio, el diputado de Gobierno encaró intensamente al funcionario de la DIS por presuntas persecuciones a legisladores y a sus familiares. La respuesta del exdirector inicialmente no fue clara, aunque al final dijo que no.
Sin embargo, esta consulta escaló al Plenario Legislativo, que dedicó varios minutos de la sesión de este lunes a discutir el tema.
Quien fue la primera en mostrar su preocupación fue la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, que recordó que dentro de su agrupación ha existido intimidación.
A raíz de esta intervención, otros legisladores de fracciones como el Frente Amplio, Liberación Nacional, PLP y la Unidad Social Cristiana, además de las independientes, condenaron presuntos seguimientos e intimidación a diputados.
Además, se decidió interpelar al ministro a.i. de Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, para que rinda explicaciones sobre el manejo de la DIS y de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
El jefe de la fracción socialcristiana, Alejandro Pacheco, considera que los hechos recientes hicieron obligatoria esta convocatoria.
“Es lamentable que se usen recursos públicos para seguir a las personas que están en contra del gobierno, inclusive a seguir a diputados que son del propio gobierno de la república, según la pregunta que hizo el diputado Morales en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, me parece que esto hay que investigarlo, debería presentarse el ministro a.i. de la presidencia al Plenario legislativo para explicar qué es lo que está pasando con los recursos y con los fondos de la DIS, por qué están siguiendo a personas, a diputados y otras figuras públicas para ver qué hacen o a dónde comen o a dónde almuerzan o darles un seguimiento que no sabemos para qué lo van a utilizar, si es para presionar o para medrentar”, cuestionó.
En similar sentido se pronunció el jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos.
El legislador recordó que la gestión de la DIS y de la UEI recae directamente en el Poder Ejecutivo.
“Cuando uno revisa las atribuciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en el artículo 14 de la misma Ley General de Policía, se señala que en su inciso c que una de sus funciones es la vigilancia, pero esta vigilancia se debe dar estrictamente con autorización previa del ministro del ramo, es decir, o del ministro de la presidencia, llámese interino o en funciones, o del presidente de la República, y esto es un tema muy complejo, hay que recordar que es el mismo diputado de gobierno, el mismo diputado que se se entiende que es extraordinariamente cercano al presidente, el que denuncia el seguimiento de los agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, por lo tanto, corresponde absolutamente esa interpelación al ministro para conocer de primera mano cuáles son las razones o los intereses que puedan haber en estos seguimientos”, apuntó.
El diputado que introdujo el tema, Manuel Morales, manifestó a Columbia que no se referirá más al tema. Por su parte, la jefa de fracción, Pilar Cisneros, respondió vía mensaje de texto:
“Fuimos enterados de la existencia de una investigación interna en la DIS respecto del caso abordado por el Diputado Morales en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por lo que no nos referiremos al tema y esperaremos respetuosamente el resultado de la investigación.”
Ya en ocasiones anteriores, diferentes legisladores han puesto en duda el uso de estos cuerpos policiales y de inteligencia en contra de “adversarios políticos” del Gobierno.
Una de ellas fue la diputada independiente Johana Obando, quien en enero anterior, entre lágrimas, insistió en el Plenario en que ella y su familia estaban siendo vigiladas por el Gobierno, recuerdo que reiteró este martes ante la consulta de Columbia.
“Desde hace un año he venido sufriendo persecución por parte de lo que yo considero es la DIS o la UEI, ambos departamentos adscritos al Ministerio de Presidencia, al mando del presidente Rodrigo Chaves, lo que viene a confirmar la posición de ahora de los diputados es lo que yo vine a denunciar en enero de este año, lo denuncié públicamente y lo denuncié ante fiscalía de que he sido objeto de persecución política”, manifestó.
Adicionalmente, en noviembre anterior, cuando se discutía un posible aumento de funciones y capacidades de la UEI a través de un decreto ejecutivo, el diputado frenteamplista Ariel Robles también señaló que se estaba instrumentalizando ese cuerpo policial en contra de contrincantes de corte político.
También han denunciado casos así diputados de Liberación Nacional, como Francisco Nicolás y Dinorah Barquero.
En octubre del 2024, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, también se refirió a supuestas persecuciones hacia él, hacia el director del OIJ, Randall Zúñiga, y a magistrados en carros de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en su participación en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.