Juez de los Estados Unidos determina que las acciones delictivas de Celso Gamboa involucraron hechos en Panamá, Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México y otras naciones de Sudamérica desde que ocupaba la magistratura de la Sala Tercera
Una acusación presentada por una corte del Distrito Este de Texas sostiene que el extraditable Celso Gamboa Sánchez habría tenido vínculos con el crimen organizado desde 2017, cuando aún fungía como magistrado de la Sala de Casación Penal, conocida como Sala Tercera.
El documento, presentado el 9 de julio, señala que Gamboa conspiró, confabuló y acordó la fabricación y distribución de al menos cinco kilogramos de una sustancia que contenía cocaína. Las actividades delictivas, según la acusación, se realizaron en la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos, incluyendo países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y otras naciones de América.
Esta es la portada del documento que revela las actuaciones de Celso Gamboa desde o alrededor del 2017, fechas en que era magistrado de la Sala de Casación Penal
Lo que añade un peso simbólico a la denuncia es que las actividades habrían iniciado cuando el exfiscal aún tomaba decisiones en materia penal como alto juez del país.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, calificó el caso como una advertencia contundente para el país.
“Esto representa una seria alerta hacia Costa Rica respecto al fortalecimiento de los controles y la tutela sobre quienes ejercen cargos de alto nivel en nuestro país”, afirmó Zamora.
“Debemos tomar medidas firmes de cambio y transformación. La vulnerabilidad detectada debe ser corregida por el sistema penal y judicial costarricense.”
“Se necesita una reflexión seria, objetiva y transparente sobre cómo se accede a estos cargos y sobre el control efectivo que debe ejercerse sobre quienes los ocupan. Hoy queda demostrado que ese control ha sido inefectivo.”
Gamboa fue nombrado magistrado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2016 y destituido en abril del 2018. A la distancia, quienes participaron de esa decisión política hacen balances distintos sobre su nombramiento y su salida.
La exdiputada del Frente Amplio, Patricia Mora, quien formó parte de la Comisión Especial Investigadora del caso del cemento chino, recordó que en su momento no se le destituyó por vínculos con redes criminales, sino por una relación inadecuada con el empresario Juan Carlos Bolaños.
“Él no fue destituido por vínculos con redes criminales, como ahora se le acusa en Estados Unidos. Lo que demostramos fue que tuvo vínculos indebidos con Juan Carlos Bolaños, con quien incluso viajó a Panamá, según él a comprar ropa de bebé.”
“Ese vínculo permitió que Bolaños apareciera como cabeza de un acto de corrupción que considero el más doloroso que ha vivido Costa Rica, porque involucró a los tres poderes de la República.”
Ronny Monge, exdiputado liberacionista y presidente de esa misma comisión investigadora, sostuvo una perspectiva distinta, pero reconoce que el caso actual sí genera alarma institucional.
“En aquel momento, con la información que teníamos, se actuó correctamente. Había elementos que ponían en riesgo su imparcialidad dentro de la Corte Suprema de Justicia.”
Durante una interacción con Noticias Columbia, también reconoció:
—Don Ronny, algo que genera incomodidad es pensar que ya estamos siendo penetrados por personas con estos antecedentes. ¿Usted, como exlegislador, teme este tipo de situaciones?
—Por supuesto que hay un temor, porque esto pone en riesgo la institucionalidad y la democracia del país. Pero vuelvo a la información que se tenía en ese momento. Recientemente, por ejemplo, circuló una foto mía con un señor cubano… y así pasa con muchas personas. Es muy difícil prever, porque cuando se toman esas decisiones, quienes eligen no siempre tienen acceso a información que sí tiene el Ministerio Público o el OIJ.
“Es imposible anticiparlo todo. A veces, solo con el tiempo aparecen datos nuevos que cambian por completo la percepción que se tenía en ese momento.”
En caso de ser hallado culpable, Celso Gamboa podría enfrentar al menos 10 años de prisión. Aunque la legislación estadounidense contempla la cadena perpetua, una eventual extradición a Costa Rica lo sometería al límite penal del país: un máximo de 50 años de cárcel.