Jerarca saliente es una de las personas investigadas por el caso Barrenador. Fiscalía confirmó a Columbia que ya tiene definido cómo procederá.
Marta Esquivel Rodríguez es una de las siete figuras que anunció su renuncia al Gobierno la tarde de este miércoles. La funcionaria dejará su puesto como ministra de Planificación este 31 de julio.
Anteriormente, Esquivel se desempeñó como ministra de Trabajo y presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El 23 de setiembre del 2024, fue detenida junto a otros directivos de la Caja como parte de una investigación de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Posteriormente fue puesta en libertad con medidas cautelares.
Se trata del llamado caso Barrenador, en el que la Junta Directiva, según el Ministerio Público, «se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebáis».
«Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas», detalló el ente judicial.
Esquivel fue suspendida del cargo en la CCSS como medida cautelar. El 8 de enero, fue nombrada ministra de Planificación y Política Económica, cargo por el cual tiene un «fuero de improcedibilidad», mejor conocido como inmunidad.
Al ser integrante de uno de los Supremos Poderes era necesario realizar un procedimiento especial para tramitar una causa judicial en su contra. El asunto debía ser llevado directamente por la Fiscalía General y eventualmente ser conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
«En cuanto a la señora Esquivel se informa que, una vez que se confirme oficialmente la renuncia de la ministra, el expediente será remitido a la FAPTA, para que se continúe la tramitación en el proceso que le dio origen», respondió la Fiscalía a una consulta de Noticias Columbia.
«En los meses en que la causa penal estuvo en la Fiscalía General, se avanzó con las diligencias pertinentes, incluso se cuenta con un proyecto de requerimiento conclusivo, mismo que será puesto a disposición de dicha fiscalía como insumo de trabajo para la finalización de la investigación», añade la información.
El requerimiento puede implicar una acusación formal contra la persona imputada o la solicitud de sobreseimiento (archivo del caso).
A lo largo del proceso, Esquivel ha defendido su actuación al considerar que no cometió irregularidades con el caso de las cooperativas. Además calificó su detención y posterior traslado en vehículo policial, como acciones innecesarias y degradantes.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, incluso argumentó que la Fiscalía actuó con motivos políticos para intimidar a la funcionaria, afectar su imagen y la del Gobierno.