La acción judicial se basa en la reciente resolución de Arias para someter a votación la renuncia de Brunner, según manifestó el litigante a Columbia.
El abogado penalista Yashin Castrillo presentó una denuncia contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, por el delito de prevaricato.
En entrevista con Columbia, el litigante explicó que promovió la acción judicial a raíz de la decisión de Arias de someter a votación la renuncia del vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
“Esa decisión de don Rodrigo Arias de someter a votación es una decisión que viola la Constitución Política y esos precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Elecciones y, confrontado con el artículo 350 del Código Penal, constituye el delito de prevaricato y es por eso que presenté denuncia ante la Fiscalía General por estos hechos”, manifestó.
El delito de prevaricato consiste en la acción que comete un juez de la República o un funcionario judicial, administrativo o público que toma una decisión contraria a derecho, a sabiendas de que su decisión viola lo establecido en el ordenamiento jurídico.
Según el abogado, Arias conocía las disposiciones del inciso 8 del artículo 121 de la Constitución Política, que señalan que las renuncias de los vicepresidentes, presidentes y demás miembros de los Supremos Poderes es conocer y no votar las renuncias, así como las interpretaciones del Tribunal Supremo de Elecciones.
“Si hace exactamente lo contrario, sometiendo a votación esa renuncia, es claro que está incurriendo en el delito de prevaricato, porque está tomando una decisión, y la tomó de hecho, porque finalmente se sometió a votación que quedó 25 a 23 para votar, está cometiendo el delito de prevaricato porque tomó una decisión contrario a lo establecido en la Constitución Política y a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones, conociendo don Rodrigo Arias ambas normativas y ambas resoluciones”, agregó.
Lo que pretende Castrillo es que se abra una investigación por la Fiscalía General, que es a quien corresponde llevar las denuncias que se interponen contra los miembros de los Supremos Poderes, para que se establezca si se incurrió en el delito que se está denunciando. Hasta el momento, la denuncia solo recae sobre el liberacionista.
Para el abogado, la situación constituye “un hecho notorio y público”, en especial luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones diera a conocer esta semana una resolución en la que recuerda que las renuncias no se votan.
Castrillo manifestó que lo motivó “la arbitrariedad” de la situación y el poner límites a decisiones de funcionarios públicos.
“Esta acción, esta decisión, esta actitud del presidente de la Asamblea Legislativa de pasar por encima de la Constitución Política y de la jurisprudencia del único tribunal que, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, tiene competencia para interpretar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, no puede pasar desapercibida, fue una decisión arbitraria y antojadiza y no puede normalizarse, porque eventualmente, si se hace, podría ser reiterada, repetida por otros funcionarios de igual o mayor rango, y por eso es importante que se ponga la denuncia”, concluyó.
Columbia solicitó a la Oficina de Prensa del liberacionista una declaración al respecto. La consulta se mantiene en trámite.