El porcentaje ha causado reacciones dentro del sector educativo.
El presupuesto que se destinará a la educación el próximo año será del 5.68% del Producto Interno Bruto (PIB).
Así lo apuntó el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, este martes en entrevista con Columbia, al abordar detalles sobre el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026 que se entregó a la Asamblea Legislativa.
El jerarca dio sus razones del por qué no puede destinarse el 8% del PIB a la educación.
“Si bien es cierto en el año 2010 se hace una reforma constitucional para poner el 8% de educación, en ningún momento se definió de dónde iban a salir esos recursos, entonces es importante analizar ese trasfondo, porque uno dice «bueno, ¿cómo podríamos llegar al 8% en educación en este momento?”, señaló.
Según el jerarca, asignar el 8% del PIB a la educación implicaría “un aumento anual permanente de la deuda del gobierno central, que elevaría la deuda por encima del 60% del PIB y restricciones de la regla fiscal”.
Lucke también indicó que algunas opciones para alcanzar el 8%, como reducir el gasto en educación y el presupuesto a cero en 19 instituciones, o aumentar impuestos.
Las reacciones
El presupuesto asignado a la educación, en medio de una grave crisis, provoca reacciones dentro del sector.
La diputada Rosaura Méndez, presidenta de la Comisión Legislativa de Educación, lamentó la reducción sostenida de la inversión en educación.
Según comentó, el porcentaje que debe asignarse a este rubro viene fijado por la Constitución Política.
“Hay un retroceso mayor en la inversión pública destinada a la educación pública desde 1980, y es que los datos nos revelan que entre 2018 y el 2023 la inversión total en el área cayó un 6% y en el caso específico de los recursos destinados a primaria se registró una disminución de un 14%; y aquí hay un dato importantísimo: dedicar el 8% del PIB a la educación no es una recomendación, no es un antojo de nadie como lo ha dicho este gobierno, sino que es un mandato constitucional clave para recuperar y mantener la calidad de la educación costarricense que se ha caracterizado y ha sido baluarte de nuestro país”, cuestionó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, manifestó que el aumento de 200 mil millones anunciado a la educación corresponde a remuneraciones, pero no se observa una intención de solventar la crisis en educación.