Tras una votación de dos a favor y uno en contra, la comisión que ha analizado el caso del mandatario Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura tomó una decisión este viernes.
¿Cuáles fueron los motivos por los cuales los integrantes de la Comisión Especial recomendaron, o no, el levantamiento de la inmunidad del presidente?
Tras una votación de dos a favor y uno en contra, la comisión que ha analizado el caso del mandatario Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura recomendará al resto de diputados que se proceda a eliminar el fuero de protección.
Este órgano se conformó a finales de julio con Andrea Álvarez (PLN), Rocío Alfaro (FA) y Daniel Vargas (oficialismo), con el fin de estudiar la solicitud del levantamiento de la inmunidad que envió la Corte Plena a los legisladores.
El caso de fondo versa sobre una presunta presión de los funcionarios para que el productor audiovisual Christian Bulgarelli entregara al asesor presidencial Federico Cruz “Choreco” un monto de 32 mil dólares de los 405 mil dólares que recibió Bulgarelli por el contrato de servicios de consultoría con el BCIE, so pena de eliminar ese contrato.
La primera en manifestar su decisión de recomendar el levantamiento de la inmunidad y que se proceda con la investigación judicial fue la liberacionista Andrea Álvarez.
“Luego del análisis de lo aportado por la Fiscalía, considero que esos elementos están, y también analicé el aportado por la defensa y hoy fui indicando por qué considero que los argumentos de la defensa no corresponden a la Asamblea Legislativa entrar a valorarlos, sino que corresponden en sede judicial, considero que fueron argumentos serios y que el señor defensor y el señor presidente se prepararon para venir a la comparecencia aquí en la Asamblea Legislativa, pero en lo que discrepo es que eso no le corresponde a la sede legislativa, sino al poder judicial al eventualmente”, apuntó.
En similar sentido se manifestó la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
Para la legisladora también existen motivos que permiten continuar con el trámite en sede judicial, sin que eso signifique persecución política.
“Nosotros hicimos un análisis del expediente y lo fuimos contrastando con los aportes que nos dio también la defensa de las partes y realmente logramos confirmar que el expediente que se nos ha enviado constituye un material suficiente, coherente, serio para generar un caso, que eso es lo que se nos pide, se nos pide también garantizar la protección que la Constitución le da a los Supremos Poderes, que no se utilice el Poder Judicial o este tipo de acusaciones para perseguir políticamente a los Supremos Poderes para que puedan cumplir con sus funciones, y también en el análisis que hicimos no encontramos indicios que pudieran apuntar a que estuviéramos exponiendo a la persecución política ni al señor ministro ni al señor presidente de la República, ya el señor ministro incluso de su voluntad expresó que él quiere ir a tribunales y enfrentar la acusación, y pues de parte del señor presidente no obtuvimos esa respuesta, pero con los aportes de su defensa no encontramos sustento para no hacer el levantamiento del fuero, y que ya sea el Poder correspondiente el que cumpla con los trámites y con las garantías procesales que él merece para poder enfrentar esta acusación”, detalló.
Es probable que las dos legisladoras de oposición trabajen un informe conjunto.
Quien sostuvo una posición distinta fue el oficialista Daniel Vargas, quien votó en contra del levantamiento de la protección especial.
“En el estudio del expediente hay una serie de inconsistencias, no cuadran muchos datos, no cuadran fechas, hay imposibilidad material me parece que se haya cometido el delito, puesto que don Cristian recibe el contrato, recibe el dinero íntegro del contrato y nunca pudo estar sujeto a la presión de no darle el contrato que se supone e en la acusación que hace la Fiscalía, porque siempre ocurrió de manera natural tanto el haber suscrito ese contrato como el pago, entonces lo que ocurre después del pago es una cuestión, desde mi perspectiva, entre dos personas que se conocen y tiene una relación de años atrás”, defendió.
Durante poco más de un mes, la comisión celebró audiencias con la presencia del fiscal general de la República Carlo Díaz (8 de agosto), el presidente Rodrigo Chaves (22 de agosto) y el ministro de Cultura Jorge Rodríguez (26 de agosto).
La discusión en Plenario se ha fijado, tentativamente, para el próximo 22 de septiembre, con la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves.