- La Contraloría General de la República (CGR) compartió un informe donde señala que 90% de los proyectos de enero del 2024 a abril del 2025 fueron aprobados por SETENA sin inspección de campo. (Foto: compartidas por SETENA, con fines ilustrativos).
El secretario y director ejecutivo de SETENA, Andrés Cortéz, indicó que la institución fortalecerá los procedimientos para la inspección de campo ante un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
El documento “Gestión del riesgo de corrupción en el proceso de evaluación de impacto ambiental” (DFOE-SOS-IAD-00008-2025) señala que los procesos para prevenir el riesgo de corrupción en la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) no son efectivos.
«Recientemente, el MINAE dotó de recursos a SETENA en esta materia, tanto en viáticos como en compra de vehículos. Es importante indicar que el ente contralor no identificó casos de corrupción en la institución. No obstante, hizo un llamado al fortalecimiento de los controles existentes para la reducción del riesgo de corrupción de la cual la SETENA está con todo el compromiso de atender y fortalecer», detalló.
La Contraloría halló que SETENA incumple las normas aplicables. La institución no da seguimiento a las viabilidades ambientales (proyectos cuya evaluación de impacto ambiental se aprobó) porque no sabe con exactitud cuántos permisos están activos y tiene a su cargo.
«Los hallazgos no sorprenden»
Mauricio Álvarez Mora, coordinador del programa comunitario y ambientalista Kioscos Socioambientales, explicó las implicaciones del informe.
«Los hallazgos de la Contraloría la verdad es que no sorprenden, cuando uno tiene que lidiar cotidianamente con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental esto lo vive diariamente. Muchas comunidades profesionales, académicos que tenemos que ver cotidianamente cómo no aparecen expedientes, cómo no hay publicidad suficiente, cómo se maquillan estudios de impacto ambiental», declaró.
Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) son documentos que evalúan los potenciales efectos de un proyecto sobre el medio ambiente y se aseguran que cumpla con la normativa vigente.
En 2 de los 59 casos analizados se aprobaron expedientes con estudios que no correspondían a los proyectos.
«El único filtro el cual uno pudiera pensar que protege o que garantiza el derecho a un ambiente sano es precisamente los planes reguladores de las municipalidades y posteriormente SETENA. Si ninguna de esas dos cosas está funcionando pues es lo que vemos cotidianamente en las costas: construcciones de la noche a la mañana en zonas donde no hay agua, en zonas que tienen manglar y tienen humedales», señaló Álvarez.
Álvarez señaló el caso del nuevo proyecto de atracadero en Puerto Viejo.
«Primero, lo aprobaron en menos de 15 días. Segundo lo aprobaron sin ninguna información actual, sin que la comunidad pudiera aportar todos los estudios que se han hecho sobre la importancia del Arrecife. Se usaron datos maquillados de un estudio de impacto ambiental seguramente del Pacífico, con especies del Pacífico que no hay en el Caribe, y la gente totalmente quedó sin oportunidad de participar.
Si de alguna forma ocultar la información, evitar que la gente participe, también se puede considerar una forma de corrupción o el inicio de un proceso donde realmente se le dificulta totalmente la ciudadanía el acceso a la información», mencionó.
Contraloría señala irregularidades
El estudio también evidenció que un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron divulgados en la página web de la SETENA.
La gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la Contraloría, Lía Barrantes León, señaló algunos casos en los que se detectaron irregularidades.
«El seguimiento que realiza la SETENA de las viabilidades otorgadas es limitado, principalmente a la solicitud del desarrollador o de un tercero, dejando en profesionales externos la obligación directa del cumplimiento de los compromisos ambientales fijados. Adicionalmente, falta publicidad de información relevante y acciones para prevenir el riesgo de corrupción», indicó.
3 de cada 4 de las EIA revisadas presentaron debilidades de control. Mientras que un 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se llevaron a cabo.