Directora de la institución dijo estar ‘asombrada’ de que la Junta Directiva no aprobara investigar hechos relacionados con el sistema ERP.
La implementación del sistema ERP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual ha generado problemas para el pago a proveedores y en farmacias, ha generado debate en la Junta Directiva de la institución.
Incluso, algunas empresas han señalado que, en caso de no pagárseles de manera pronta, suspenderían el traslado de dispositivos médicos a la institución, lo cual afectaría la atención y aumentaría las listas de espera.
La representante de los trabajadores en el máximo órgano de la Caja, Martha Rodríguez, conversó con Noticias Columbia y reconoció fallas estructurales en la implementación del nuevo modelo informático.
Debido a esta situación, presentó una moción para que se investiguen temas de cumplimiento; sin embargo, esta fue rechazada.
«Una buena parte de la Junta Directiva conoce la situación que está ocurriendo, pero tenemos visiones distintas. Al menos yo que represento a los trabajadores y que converso con los trabajadores de la institución, la preocupación es por las deficiencias que impiden la atención en salud, por ejemplo, en el caso de las farmacias, en el caso de los proveedores a los que que no les hemos pagado y una serie de interfaces que no se han cumplido. La verdad es que la implementación del sistema ERP-SAP ha tenido una falla estructural en la gestión tecnológica pública y las consecuencias son jurídicas, económicas, institucionales y operativas», detalló Rodríguez.
La directiva dijo haber quedado asombrada de que solo ella y dos representantes del sector patronal votaran por investigar la situación.
Señaló, además, que existe un riesgo a la continuidad de los servicios, lo cual sería responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva de la institución, así como del director del Plan de Innovación, ente encargado de la implementación del sistema.
«Yo creo que lo más importante y lo que deberíamos estar viendo es que los informes técnicos, jurídicos, financieros y la misma Auditoría han advertido que hay múltiples irregularidades, que hay fallas operativas graves y que está en riesgo la continuidad del servicio. Ya hay una investigación abierta en el Ministerio Público, hay denuncias ante la Contraloría General de la República que han presentado diversos actores y entonces en en esa transparencia que uno espera que tiene que haber en el servicio público para sostener, precisamente, los servicios era necesario que se transparentara todo lo que tiene que ver con el ERP. Ellos estaban diciendo que en 15 días van a resolver todo. Vamos a ver si es cierto que van a resolver en 15 días, como se han comprometido con ciertos sectores, sobre todo a proveedores, a los que se les debe mucho dinero», mencionó la directiva.
¿Por qué si el sistema ha generado problemas no ha habido reacción por parte de la mayoría de miembros de la Junta Directiva?
Para Rodríguez, el hecho de que el proyecto tuvo un costo inicial de 15 millones de dólares, que posteriormente aumentó, hace que los restantes directivos insistan para justificar que no es un proyecto fallido.
«Lo que le faltó a este proyecto fue haber buscado que ya todas las pruebas se hubieran hecho y que tuviéramos garantía de que realmente iba a funcionar, antes de una salida en vivo. Eso fue lo que no se hizo y eso es lo que señaló la Auditoría. A uno lo que le preocupa también con esto es que debido a la situación que tenemos con el ERP, también eso ha incidido sobre las listas de espera, que en la práctica están paralizadas y que vamos llegando ya casi a 200.000 personas esperando una cirugía y que no le podamos resolver. Eso es una gran responsabilidad que para mí sí pesa mucho porque es la responsabilidad del director de garantizar la continuidad del servicio con oportunidad, con calidad y como debería ser», indicó Rodríguez.