Mandatario de la República, Rodrigo Chaves, ha tenido acercamientos con empresarios específicos, más que con cámaras empresariales, señalan desde el estudio.
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ‘ha promovido una forma de relación con el empresariado basada en vínculos personalizados y de lealtad directa, desplazando de esta forma la intermediación gremial de las cámaras empresariales tradicionales’.
Dentro de los empresarios que señalan se encuentran Carlos Valenciano Kramer, Freddy González, Carlos Denton, Calixto Chaves, Jack Loeb y Bernal Jiménez.
El análisis menciona que esta relación directa y personal podría debilitar los enlaces de comunicación que tiene el Ejecutivo con actores como la UCCAEP, la Cámara de Comercio, la de Exportadores o la de Industrias.
Incluso, en marzo, el presidente Chaves cargó contra la UCCAEP debido a que sus representantes en la Junta Directiva en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) apoyaron una decisión que dio avance al proyecto del Hospital de Cartago, contrario al interés del Gobierno.
«Esto yo lo califico como una actitud verdaderamente asquerosa, literalmente da asco, da repudio e involucra las redes de cuido más profundas y la corrupción más grande que este país ha venido tejiendo entre la Unión de Cámaras (UCCAEP). Oíganme esto, UCCAEP, ustedes dan vergüenza nacional y se llaman los representantes del sector privado y las redes de cuido de los mandos medios de la CCSS y la empresa Van der Laat, ahí hay una red que huele a putrefacto», había manifestado el mandatario.
El investigador del Observatorio de la Política Nacional, Alejandro Molina, señaló que este acercamiento del Gobierno con empresarios a nivel personal y no tanto con la UCCAEP responde a una lógica en la visión del presidente Chaves sobre el poder político y el económico.
«La UCCAEP y las demás cámaras empresariales, tradicionalmente constituidas, se han pensado como actores influyentes sobre el gobierno, que es una relación que al actual Poder Ejecutivo no le gusta, sino que más bien por el estilo de liderazgo que hay, que incluso en el observatorio llamamos de aspirante autócrata, de alguna manera lo que prefiere es tener una relación bilateral, no mediada gremialmente con empresarios puntuales que estén dispuestos a aceptar esa correlación del poder político con el poder económico, es decir, una relación más vertical y más subordinada, incluso más dependiente del Poder Ejecutivo, como ha sido la norma en los países donde se han impuesto liderazgos del estilo que intenta emular el presidente Chaves. En el caso del observatorio, lo hemos equiparado, por cercanía y también por simpatía del propio presidente, con lo que ha sucedido en el caso de El Salvador, que también ha habido una reconfiguración del poder económico muy notoria en ese sentido, en función de ese relacionamiento del poder político con el económico», detalló Molina.
Según el politólogo, la deuda que tiene el Gobierno con el sector empresarial tiene que ver con la poca aprobación de leyes y políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
«Anteriores gobiernos han sido menos populares, pero han logrado llevar a cabo iniciativas que interesaban al sector empresarial porque de alguna manera sabían conciliar dentro de la correlación de fuerzas que les había tocado y llevar a buen puerto estas iniciativas, cosa que el actual Poder Ejecutivo sí ha sido muy insuficiente y muy improductivo, sobre todo porque a pesar de promover una agenda de interés empresarial no genera las condiciones a nivel político para llevarlo a buen puerto. Aquí siempre hacemos la comparación, por ejemplo, entre el presidente Chaves y el expresidente Carlos Alvarado. El expresidente Carlos Alvarado era más impopular, según estudios de opinión, que el propio presidente Chaves, pero logró llevar a cabo la agenda de interés económico y de interés empresarial, principalmente constituida por la reforma fiscal de 2018, la ley de huelgas que se terminó aprobando en 2020 y la ley de empleo público que se terminó aprobando hacia el final de su administración. Mientras tanto, el presidente Chaves tiene muchísima más popularidad, incluso podríamos pensar que tiene una relación más sencilla a nivel legislativo para llevar a cabo iniciativas como las propias jornadas 4×3, las reformas al mercado eléctrico, las reformas al Estado, incluso la venta del Banco de Costa Rica que manejó en su momento, pero precisamente por esa correlación conflictiva entre los distintos poderes de la República, esas iniciativas de interés empresarial no han llegado a buen puerto», mencionó el investigador.
Molina afirmó que otros actores políticos podrían aprovechar esa relación aparentemente lejana entre el Gobierno y las cámaras empresariales formales.
«Aquí hay que hacer la salvedad de que estos grupos y estas cámaras, tradicionalmente influyentes sobre la política pública, no es que hayan perdido esa condición y esa influencia que han acumulado a lo largo de los años, tendría que haber una gran transformación a nivel económico y político, con consecuencias más de largo plazo para que algo así llegara a suceder, pero sí es cierto que ese canal más privilegiado y más directo con el Poder Ejecutivo, con los distintos órganos de este dependen, ese acceso privilegiado a la política pública sí puede de alguna manera recomponerse con algún tipo de recambio electoral, sobre todo y hablando claramente con los partidos que tradicionalmente han gobernado el país, como puede ser Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, algunos partidos que actualmente están representados en la Asamblea Legislativa, otros que están fuera. Existe una oportunidad, más que señalar mecánicamente que algo va a suceder, sino que existe la oportunidad de que suceda y que distintos actores políticos y partidos puedan de alguna manera constituirse como una alternativa más potable y más viable a estas cámaras empresariales», añadió el experto.
Visión del sector empresarial.
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Sergio Capón, destacó el trabajo articulado que han realizado con esta y otras administraciones del Poder Ejecutivo.
«La CICR está para contribuir con el país y con el sector productivo, promoviendo el empleo, la generación de riqueza y el desarrollo sostenible. Hemos venido trabajando con este gobierno como lo hemos hecho históricamente con otros en distintos niveles, impulsando proyectos que favorecen la competitividad y el bienestar nacional. Es natural que como representantes de un sector no siempre coincidamos con todas las posiciones de un gobierno. Con una trayectoria de 82 años desde su fundación en 1943, la Cámara de Industrias ha sido un actor clave en el diseño y evolución del sistema productivo costarricense. Ha participado activamente en la formulación de leyes, políticas públicas y marcos normativos fundamentales para el desarrollo económico del país, así como los procesos que han permitido su internacionalización y apertura comercial. A lo largo de su historia, la cámara ha sido un interlocutor permanente entre las empresas y el Estado, canalizando propuestas técnicas y constructivas para mejorar el clima de negocios y promover la generación de empleo formal. Este rol lo ejercemos con esta administración, como lo hicimos con las anteriores y como lo seguiremos haciendo con las futuras», afirmó Capón.
Finalmente, desde la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), indicaron que analizarán el tema.
«De momento, tenemos canal abierto con los distintos ministerios del Ejecutivo con temas en los que estamos de acuerdo, otros donde no estamos de acuerdo y otros tanto, donde consideramos podemos llegar a puntos de consenso porque las diferencias no son mayores. También, mantenemos una constante comunicación con la Asamblea Legislativa, los diputados de todas las fracciones y con toda la institucionalidad nacional en la misma línea que con el Poder Ejecutivo», afirmaron ante la consulta de Noticias Columbia.